Después de largas dilaciones políticas, el mercado inmobiliario cuenta con una nueva Ley de Alquileres y más allá de los cuestionamientos que esgrimieron algunos sectores partidarios o actores del mercado, para gran parte de los inquilinos, la nueva ley es “una victoria” que genera previsión y tranquilidad.

El mantenimiento de los contratos por un período de tres años y la actualización semestral de acuerdo con el coeficiente de “casa propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional en los planes Procrear II, en lugar del anual, como establecía la normativa, y la prohibición de la publicación de alquileres en dólares, son los tres aspectos claves que se destacan. Después de reglamentar la nueva norma, el Ejecutivo debe ponerla en vigencia, luego de ser publicada en el Boletín Oficial.

Es importante tener en cuenta que la reforma aprobada ha sido remitida al Poder Ejecutivo y, para que entre en vigor de manera oficial, deberá ser publicada en el Boletín Oficial. Hasta que esto ocurra, los contratos actuales seguirán sujetos a la ley sancionada en julio de 2020, que establece un plazo de tres años y ajustes anuales a través del Índice de Contratos de Locación (ICL).

Gervasio Muñoz, uno de los principales referentes de la agrupación nacional Inquilinos Agrupados, instó a que el Poder Ejecutivo reglamente en el transcurso de los próximos días la nueva normativa para ponerle fin a un período de incertidumbre marcado por el proceso inflacionario y la inestabilidad económica y política. “Ahora tenemos que tener una reglamentación muy rápida de esa ley. Tenemos que tener urgente un posicionamiento del Ejecutivo sobre esto, en particular del Ministerio de Hábitat. Tenemos que cargar de contenido político la ley que votada porque no podemos permitir que se empiece a deslegitimar esta ley como se hizo con la anterior”, enfatizó el referente del espacio en redes sociales y declaraciones radiales. En esta misma dirección, Muñoz también pidió que los representantes del sector inmobiliario se adecuen al nuevo texto para evitar que los inquilinos sigan sufriendo consecuencias. “En este caso lo que se plantea es el congelamiento y la extensión de contratos de alquileres para frenar el nivel de especulación”, remarcó.

Otras entidades que agrupan inquilinos en el país destacaron además que con este marco regulatorio se logró “frenar” un gran ajuste que iba a impactar en el bolsillo de los trabajadores. “Con el ajuste cada seis meses, hay un equilibrio con respecto al que pedían las inmobiliarias, que era de cada cuatro meses”, precisaron.

Nuevo parámetro

La reforma de la ley incluye que el índice que se tendrá en cuenta será el de 'Casa Propia' y de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, dicho coeficiente tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo período. Además, al reconocer que el aumento de los salarios puede variar según la rama de actividad, incorpora el coeficiente de variación salarial con un aforo del 0,9%. Es decir que, en lugar de reflejar el promedio de la variación salarial en su totalidad, sólo lo hará en un 90%.

Este aspecto fue también uno de los más celebrados por los inquilinos porque se resguardan las actualizaciones en base a los salarios.